Hace tres meses que Justina y su familia lo perdieron todo: su casa, su ropa y sus sembradíos de frijol y maíz. Lo que dejaron fue tomado por extraños luego de que el pasado mes de noviembre un grupo armado llegó a su comunidad, Los Morros, ubicada en la sierra del sureño estado de Guerrero. A punta de balazos hizo huir a algunos y tomó por rehenes a otros. Justina pudo escapar, pero tuvo que dejar atrás todo su patrimonio.

Otras 1,800 familias pertenecientes a comunidades del municipio de Leonardo Bravo, en Guerrero, también tuvieron que huir. Los hombres armados a los que los pobladores se refieren se hacen pasar por autodefensas o policías comunitarios, pero en realidad, según denuncian, son grupos aliados de los cárteles del narcotráfico cuya función es despojarlos de sus propiedades, adueñarse de los poblados y reclutar a gente.

“Meses antes nos amenazaron con llegar al poblado y matarnos. Estuvimos como dos o tres años viviendo así. Antes era muy tranquilo, pero comenzó la violencia. Nos llegó un comunicado donde decía que nos saliéramos porque ellos no respondían por nuestras vidas y las de nuestros hijos. Pero no llegaban, hasta que llegaron”, cuenta Justina, de 47 años, quien pidió ser identificada con ese nombre para resguardar su identidad.

Durante estos tres meses han dormido en colchonetas, sin más casa que un techado que les proporcionaron las autoridades de un municipio vecino y algo de comida. Cuando piden a las autoridades enfrentar al grupo que tiene tomado el pueblo para que puedan volver a su hogar, nadie les da respuesta.

Por esta razón decidieron viajar en caravana hasta la Ciudad de México y realizar un plantón en el Zócalo hasta hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador y pedirle que los ayude. Aunque llegaron la tarde del 17 de febrero y llevan tres noches durmiendo en casas de campaña afuera de Palacio Nacional, el mandatario no los ha recibido.

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